Como ciudadanos y ciudadanas comprometidas con el bienestar colectivo y la defensa de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación ante la aprobación de un Código Penal que, en su forma actual, representa un retroceso en materia de justicia, equidad y protección para las mujeres y niñas de la República Dominicana. Este no es simplemente un cambio legislativo: es una decisión de país que definirá el tipo de sociedad que aspiramos a ser.
El proyecto actual vulnera derechos fundamentales
El texto sometido a debate excluye protecciones esenciales para mujeres y niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Entre los aspectos más alarmantes se encuentran:
- Tipificación limitada del feminicidio: al restringirse a solo tres circunstancias, se deja sin reconocimiento a cientos de casos de violencia letal por parte de agresores, negando justicia a muchas mujeres asesinadas.
- Barreras probatorias en violencia intrafamiliar: exigir un patrón reiterado de agresiones invisibiliza y desprotege a las víctimas de actos únicos pero severos de violencia, contraviniendo estándares internacionales de protección.
- Prescripción de delitos sexuales: permitir que crímenes como la violación o el incesto prescriban, incluso cuando las víctimas son niñas, prioriza el silencio y la impunidad por encima de la justicia.
- Criminalización absoluta del aborto: negar las tres causales —riesgo para la vida de la mujer o niña, inviabilidad fetal y embarazo por violación o incesto— no es neutralidad. Es desconocer las realidades médicas, sociales y humanas de miles de dominicanas, y exponerlas a la muerte, la criminalización o el sufrimiento innecesario.
Las consecuencias son verificables y graves
Lejos de ser una discusión abstracta, los efectos de un código penal restrictivo ya están documentados:
- El aborto inseguro es actualmente la tercera causa de muerte materna en el país.
- La falta de legislación adecuada perpetúa un sistema que castiga a las víctimas y protege a los agresores.
- La omisión de garantías mínimas para las mujeres y niñas más vulnerables genera desigualdad estructural en el acceso a justicia y salud.
La reforma es necesaria, pero debe ser justa y basada en la realidad
Coincidimos en la urgencia de actualizar el marco penal, pero advertimos que hacerlo sin una mirada inclusiva, ética y basada en evidencia es legislar desde el privilegio y el desconocimiento. Un nuevo Código Penal debe:
- Reconocer adecuadamente el feminicidio y eliminar la prescripción de delitos sexuales.
- Incluir las tres causales como un mínimo de protección a la vida y la dignidad de las mujeres.
- Asegurar que la ley no excluya ni silencie a quienes más necesitan protección.
Nuestra posición
Legislar es un acto de responsabilidad histórica. El Congreso tuvo la oportunidad de avanzar hacia un Estado más justo, más humano y más comprometido con los derechos de todas las personas y, sobre todo, demostrar que las mujeres y las niñas de nuestro país son valoradas como ciudadanas plenas, merecedoras de vivir con dignidad, y libres de violencia.
Negarse a ello no será interpretado como una diferencia de opinión, sino como un acto de exclusión legalizada. Un Código Penal que no protege la vida ni los derechos no es una ley; es una renuncia institucional a la justicia.
La historia los está observando. Y nosotros también.
¡Alcemos juntas y juntos la voz contra este retroceso!