Comunicado de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres. Santo Domingo, 19 de mayo de 2026.
En menos de cinco meses de 2026 hemos enterrado a 32 mujeres asesinadas por razones de género en la República Dominicana. Esmeralda Moronta de los Santos fue asesinada el 13 de mayo por su expareja, a minutos de salir de la fiscalía donde fue a denunciarlo, en la misma calle donde está ubicada la Unidad de Atención a la Violencia de Género. Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, fue asesinada por su pareja, sargento de la Policía Nacional, cuando tenía las maletas hechas para irse. Nikaury Alicia Heredia Taveras llevaba más de un año denunciando hostigamiento por parte de su expareja, también agente policial; recibió un disparo el 21 de marzo y murió cincuenta días después. Diana Elena Evangelista tenía 18 años. Indhira Carolina Beltré fue asesinada dentro de su casa por su pareja. Detrás de cada una hay hijas, hijos, madres, hermanas, familias destrozadas.
Las cifras varían de acuerdo a la institución que las publique. 22 según la Procuraduría, 27 según el Ministerio de la Mujer, 32 según el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial. Tres conteos distintos para la misma tragedia.
La PGR registra más de 17 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en tres meses. El feminicidio no nace de la nada. Es la última expresión de una cadena de abusos que muchas veces comenzó mucho antes, con el control sobre la ropa, el celular, las amistades, el dinero, los movimientos; amenazas disfrazadas de celos; persecución presentada como amor; golpes minimizados como "problemas de pareja"; denuncias ignoradas. Cuando una mujer es asesinada, casi nunca estamos ante un hecho inesperado. Estamos ante el desenlace extremo de una violencia que fue anunciándose y que demasiadas veces nadie quiso, pudo o decidió detener.
De las 22 mujeres asesinadas en el primer trimestre, sólo tres habían denunciado previamente. La respuesta a por qué las mujeres dominicanas no denuncian la conocemos hace décadas y queda clara en los hechos de los últimos días: no confían, el sistema no funciona; cuando denuncian, como Esmeralda y como Nikaury, las matan igual.
Un sistema que no protege. Lo que le corresponde al Estado.
Es un problema de la Procuraduría General de la República El caso de Esmeralda Moronta lo revela: una mujer va a denunciar, solicita una orden de alejamiento, sale de la unidad sola, y a pocos metros la mata el hombre que la esperaba afuera. La unidad de atención funcionó como oficina de recepción, no como mecanismo de protección. Ese es el patrón. La evaluación de riesgo no opera. El seguimiento posterior a la denuncia no opera. La protección efectiva — ese momento entre la denuncia y la sentencia donde más mujeres mueren — sencillamente no existe como respuesta institucional. Abrir una investigación interna después de cada feminicidio no devuelve vidas ni transforma un sistema que sigue tratando la atención a las víctimas como trámite.
Esto es un problema de la Policía Nacional. No por excepción, por estructura. Las mujeres dominicanas llaman en medio de la noche y nadie llega. Levantan una denuncia y no hay seguimiento. Piden órdenes de alejamiento que se otorgan en papel pero que nadie hace cumplir. Y además de no responder, la Policía tiene en sus filas agentes que asesinan a sus parejas. Las dos cosas. Una institución que debería ser la primera línea de protección es, en demasiados casos, la institución que dispara o la institución que no aparece. Eso no se resuelve con comunicados de pesar ni con anuncios de "investigaciones internas". Eso se resuelve con cambios estructurales en la formación, el reclutamiento, la cultura institucional y la rendición de cuentas de un cuerpo armado que sigue protegiendo a sus pares.
Por eso llamamos al presidente de la República y al Gobierno central a asumir esta crisis como una prioridad nacional, no como un tema sectorial ni como una agenda simbólica para fechas conmemorativas. Al Poder Ejecutivo le corresponde garantizar los recursos: la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres requiere presupuesto suficiente, sostenido y verificable, metas públicas, rendición de cuentas, coordinación interinstitucional obligatoria, y consecuencias para las instituciones que no actúen con la diligencia debida.
Al Congreso Nacional le corresponde aprobar, sin más dilaciones, la Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Lleva años engavetada. Cada sesión que pasa sin aprobarla es una decisión política, no una omisión.
Al Ministerio de Educación le corresponde integrar la educación para la igualdad en el currículo dominicano, en la formación docente, en los materiales educativos, en la convivencia escolar y en la vida cotidiana de los centros educativos. No basta hablar de paz si no se enseña igualdad. No basta hablar de respeto si no se desmonta la idea de que las mujeres deben obedecer, complacer, aguantar o pertenecerle a alguien. Combatir la violencia implica enseñar que la masculinidad no se construye desde la agresión y que el amor se expresa con igualdad, dignidad y libertad. Eso debe convertirse en política educativa permanente, no en frase de campaña.
Al sector de salud pública le corresponde garantizar que cada centro de salud del país tenga la capacidad y la sensibilidad para detectar la violencia de género que llega a sus consultas, reportarla, ofrecer atención psicológica y desarrollar programas educativos en los territorios. Y le corresponde frenar la violencia obstétrica, que es otra forma de violencia contra las mujeres ejercida desde el propio sistema de salud.
A los ayuntamientos les corresponde asumir lo que les marca la Ley 176-07 en su artículo 6 sobre equidad de género, activando y fortaleciendo las Oficinas Municipales de Género y Mujer con presupuesto real, acciones educativas, acompañamiento psicológico y legal, programas de masculinidad positiva en las comunidades, y coordinación efectiva con las Juntas de Vecinas y Vecinos, las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género y los demás mecanismos de participación comunitaria. La prevención del feminicidio también se construye desde el barrio.
Al Ministerio de la Mujer le corresponde asumir plenamente el rol rector que su mandato le otorga: definir políticas públicas vinculantes para todas las instituciones del Estado, exigir cumplimiento, sancionar el incumplimiento y articular el trabajo del Poder Ejecutivo, el Congreso, los ministerios sectoriales, los ayuntamientos y los servicios públicos en una sola estrategia de prevención, protección y reparación. Para hacerlo necesita presupuesto, autonomía y respaldo político real. Es responsabilidad del conjunto del Estado dárselo, y es responsabilidad del propio Ministerio reclamarlo y ejercerlo.
Pero el Estado no es lo único
A los liderazgos religiosos les pedimos coherencia. Si la fe que predican promueve el respeto a la vida y la igualdad entre seres humanos, esa fe puede acompañar. Pero la prédica que refuerza la idea de que la mujer debe aguantar, perdonar y mantener el matrimonio a cualquier costo es parte del problema. Esto no es un problema de fe. Es un problema de poder, de desigualdad, de una sociedad que todavía no reconoce que las mujeres no somos posesiones de nadie y que tenemos los mismos derechos que cualquier ser humano.
La responsabilidad principal es del Estado, porque tiene la obligación jurídica de prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar. Pero la violencia feminicida también se sostiene en entornos que callan, justifican o minimizan. Familias que sabían y miraron hacia otro lado, que sabían que ese hombre golpeaba, amenazaba, controlaba, vigilaba, y nunca lo confrontaron, nunca lo denunciaron, nunca pusieron un límite. Sin ese silencio sostenido durante años, ningún agresor llega al feminicidio. Es también responsabilidad de quien escuchó los gritos y no llamó, del que aconsejó aguantar por los muchachos, de quien dijo "él es un buen hombre". De quien vio los moretones y prefirió no meterse. De la comunidad entera que sabe quién pega, quién amenaza, quién acosa, y guarda silencio. De los amigos del agresor que celebran sus celos como muestra de amor. De los compañeros de trabajo que escuchan los comentarios machistas y se ríen. De los grupos de WhatsApp donde se comparten chistes sobre golpear mujeres. También es responsabilidad de hombres y mujeres que en las redes sociales, después de cada feminicidio, se apuran a explicar que la víctima se lo buscó porque "engañó" al hombre, porque él invirtió dinero en ella y ella lo dejó cuando ya le había sacado lo que quería. Como si una mujer fuera una inversión que se rentabiliza. Como si una mujer fuera una inversión que debe devolver obediencia, sexo, cuidado o permanencia. Como si terminar una relación fuera una deuda. Las mujeres no mueren solo a manos del que jala el gatillo o saca el cuchillo. Mueren también en el silencio de todo un entorno que sostuvo al agresor durante años y le confirmó, una y otra vez, que su conducta era aceptable. La vergüenza, la penalización social tiene que cambiar de bando.
Las víctimas no son las que tienen que esconderse
La conversación pública insiste en preguntar qué hizo la víctima. Por qué no se fue. Por qué no denunció. Por qué no aceptó ir a una casa de acogida. Esa última pregunta merece detenerse. Se le está reprochando a las mujeres no querer encerrarse, con sus hijos o sin sus hijos, en un sitio que, por más cómodo que se intente que sea, funciona como una privación de libertad. Una mujer que va a una casa de acogida pierde su trabajo, su rutina, su red de apoyo, la escuela de sus hijos, su autonomía cotidiana. Y mientras tanto, el hombre que la amenaza sigue libre, en su casa, con su vida, con su entorno intacto.
El mismo sistema que es incapaz de localizar a un hombre acusado durante cuatro años o más, que no logra dar con su dirección, que no encuentra dónde usa su cédula, dónde mueve su tarjeta de crédito, dónde trabaja, es el que le exige a una mujer en peligro que sea ella la que se esconda, la que se mude, la que rompa con todo lo que conoce. El sistema tiene que tener una respuesta para las mujeres que no quieren irse a una especie de cárcel para resolver su propio caso. Las víctimas no son las que tienen que esconderse. Los agresores son los que tienen que ser detenidos, vigilados, apartados, impedidos de acercarse. Cualquier respuesta del Estado que no opere bajo ese principio está culpando a las víctimas con otro lenguaje. Si un hombre puede perseguir, rastrear, amenazar, violentar y aun así circular con impunidad, el problema no es que la mujer "no se dejó proteger"; el problema es que el Estado no tuvo una respuesta suficiente para protegerla sin obligarla a desaparecer.
Hablemos de los agresores
Nadie habla de los agresores, porque la conversación pública se gasta entera en preguntar qué hizo la víctima. No son monstruos. No son enfermos. No son hombres que perdieron la razón en un arrebato. Son hombres formados por una sociedad que les enseñó que las mujeres con las que comparten su vida les pertenecen, que un "no" es una afrenta que se corrige, que los celos son prueba de amor, que el control sobre el cuerpo, los movimientos, las amistades, la ropa y el dinero de una mujer es parte natural de ser pareja, y que permitir que una mujer escoja vivir sin él es una afrenta a su masculinidad. Hay un patrón que se repite y que demuestra lo que está en el fondo: hombres que matan y después se suicidan, o que matan sabiendo que pasarán treinta años en la cárcel. No es arrebato, es decisión. Y la lógica que la sostiene no es solo de propiedad. Es una hombría construida sobre lo que las mujeres pueden o no pueden hacer: "una mujer (ser inferior) no me puede hacer esto a mí", "no se va a burlar de mi hombría". Por eso la respuesta no puede ser solo punitiva. La pena no detiene a quien ya está dispuesto a morir o entregarse. Solo la transformación cultural y estructural corta esa cadena.
A quienes pretenden culpar al feminismo por todo, les recordamos que el feminismo no ha gobernado este sistema. El feminismo no controla el presupuesto nacional, ni el Congreso, ni la Policía, ni la Procuraduría, ni el currículo escolar, ni los tribunales. El movimiento feminista ha advertido, documentado, propuesto, acompañado y exigido. Lo que ha fallado no es el feminismo. Lo que ha fallado es un orden social e institucional que escucha a las mujeres por pedazos, toma medidas parciales, posterga las transformaciones de fondo y luego pretende repartir culpas cuando las consecuencias son irreparables.
Exigimos
Hoy volvemos a exigir un poder público puesto al servicio de la vida de las mujeres:
- Aprobación inmediata de la Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con asignación presupuestaria real.
- Declaratoria de emergencia nacional por feminicidios y la violencia de género e intrafamiliar.
- Abrir unidades especializadas en atención a la violencia en al menos el 50% de los municipios.
- Auditoría con participación independiente — incluyendo al movimiento feminista, a las familias de las víctimas y a observatorios sociales — del funcionamiento de la Policía Nacional y de la Procuraduría General en su respuesta a la violencia de género.
- Desarme y separación del servicio activo de todo policía o militar con denuncias documentadas de violencia de género.
- Mecanismos efectivos de localización, persecución y procesamiento de los agresores, porque las mujeres no son las que tienen que esconderse.
- Integración de la educación para la igualdad en el currículo dominicano desde primaria, sin más postergaciones.
- Presupuesto adecuado y sostenido para el Ministerio de la Mujer, las casas de acogida en todo el territorio y los programas de autonomía económica para mujeres en situación de violencia.
- Reparación integral del Estado a las hijas e hijos huérfanos por feminicidio.
Erradicar la violencia de género y los feminicidios es, en términos concretos, salvar a la familia dominicana. Muchos hogares de este país se rompen por la violencia de hombres que consideran a sus parejas una propiedad, por los asesinatos que dejan hijas e hijos huérfanos y por el trauma que esa violencia hereda a las próximas generaciones. Quien quiera defender de verdad a la familia, defienda primero a las mujeres y las niñas. La vida de las mujeres no puede seguir dependiendo de la suerte, del silencio o de la capacidad individual de escapar. Debe depender de derechos garantizados, instituciones que funcionen y una sociedad que entienda, por fin, que las mujeres no somos propiedad de nadie.
Por Esmeralda. Por Yessika. Por Nikaury. Por Diana. Por Indhira. Por todas las mujeres víctimas de feminicidios y por las miles de mujeres que en este momento están sufriendo violencia.
¡Ni una menos!